Empleo informal en Uruguay: por qué persiste pese al crecimiento

El empleo informal no es solo pobreza: es estructura

Uruguay tiene una de las tasas de informalidad laboral más bajas de América Latina — alrededor del 23 % según la OIT — pero esa cifra encubre disparidades sectoriales importantes. En la construcción, el trabajo doméstico, la agricultura de pequeña escala y el comercio ambulante, la informalidad supera el 40 %. La explicación no es únicamente económica: también es estructural. Los costos de formalización — aportes al BPS, cumplimiento del Código Tributario, registros ante el MTSS — representan una carga relativamente alta para microempresarios con baja facturación. A eso se suma la informalidad por elección en segmentos de ingresos medios: trabajadores que prefieren cobrar en negro para preservar prestaciones sociales vinculadas a la condición de «sin ingresos formales». La política pública ha respondido con regímenes simplificados como la empresa unipersonal y la monotributista social, que redujeron la carga burocrática, pero su adopción masiva aún es limitada. El crecimiento económico ayuda a reducir la informalidad en los sectores formalizables, pero no resuelve los nudos estructurales donde el incentivo a mantenerse en la informalidad persiste con independencia del ciclo económico.

Qué cambiaría con una mayor formalización

La formalización laboral no es solo una cuestión de recaudación fiscal: afecta directamente la cobertura de salud, las jubilaciones futuras y la capacidad de acceder a crédito bancario. Un trabajador informal en Uruguay puede estar cubierto por ASSE pero no acumula historia laboral en el BPS, lo que compromete su jubilación. Estudios del CINVE estiman que cada punto porcentual de reducción de la informalidad genera un flujo de aportes adicionales al sistema de seguridad social equivalente a varias decenas de millones de pesos anuales. Las propuestas en debate incluyen subsidios al primer empleo formal en sectores de alta informalidad, simplificación de los trámites de habilitación municipal y mayor presencia inspectora del MTSS en departamentos del interior como Maldonado, Rivera y Artigas. Ninguna medida aislada resolverá el problema; la evidencia internacional indica que la combinación de reducción de costos de formalización, incentivos tributarios y fiscalización gradual produce los mejores resultados en un horizonte de cinco a diez años.